Niños y adolescentes a la deriva: las dificultades de un entorno hostil
Desde mediados de 2021, de acuerdo a cifras de Carabineros, de los 3.155 jóvenes detenidos hasta la fecha, un 65% ha cometido robos con violencia, entre los que se incluyen crímenes como los portonazos y encerronas. Hechos delictuales que se generan por una serie de factores que, en palabras de profesionales de la criminología, sociología y psicología en parte se atribuyen al entorno y a sus influencias, como también a las consecuencias de una fallida protección por parte del sistema estatal.
Por Catalina Vásquez y Sebastián Jerez.
Cerca de las 12 de la noche, en la comuna de Providencia, a pocos minutos de llegar a su domicilio ubicado en la calle Monitor Araucano, la conductora observó cómo tres personas con armas de fuego se aproximaban a su auto. En pocos segundos, entre gritos de amenazas y la reacción nerviosa de la asustada mujer, quien tocaba impulsivamente la bocina pidiendo ayuda de sus vecinos, los sujetos le exigían que bajara del vehículo. De esta forma, en medio del temor y la soledad que la acompañaba aquella noche, obedeció a las palabras de los encapuchados y entregó su automóvil. En su interior, al no conseguir iniciar la marcha, los sujetos dejaron el auto y se alejaron rápidamente del sector, disparando al aire repetidas veces.
Minutos más tarde, pasada la medianoche, en la calle San Hugo de Puente Alto, una camioneta Nissan Qashqai interceptó y le cerró el paso a una mujer que se dirigía a buscar a una persona que la esperaba. El móvil de color blanco se posicionó velozmente justo delante de la conductora y bajaron seis sujetos; tres armados, quienes intimidaron a la mujer buscando quitarle su vehículo y así poder huir del lugar: “Todos eran menores de edad”, dijo la afectada.
Patricio Rosas, fiscal del Ministerio Público, abogado de la Universidad de Chile y docente en la Facultad de Derecho en el Departamento de Ciencias Penales y Criminología de la misma universidad, explica que delitos como las encerronas y los portonazos son parte de la familia de los robos agresivos, en los que la sustracción va acompañada de una interacción violenta a través de la agresión o la amenaza. “Es una categoría que tiene como bien jurídico afectado no solamente al objeto de sustracción o patrimonio, sino también a la salud o la vida de la persona”, menciona Patricio, respecto a los delitos con violencia.
En los jóvenes, no es posible establecer un criterio generalizado para determinar con exactitud las causas que los impulsan a iniciar sus carreras delictivas. Son múltiples las razones por las cuales los menores pueden sufrir una alteración en su desarrollo ideal y comenzar a tener prácticas impropias relativas a su edad. Entre algunos de estos motivos, se identifican: el abandono por parte de sus familias, la falta de interacción social con gente de su entorno y la imposibilidad de tener tiempos de recreación en el cotidiano. Patricio comenta que, de hacerse un perfilamiento de estos adolescentes, algunos empiezan una carrera progresiva, que puede ir desde el hurto al daño: “Incluso, en ocasiones, con hechos disruptivos pero no delictivos, tales como hacer la cimarra, abandonar la casa, la deserción escolar o el consumo de drogas”, detalla.
A ojos de la justicia, no existen diferencias importantes entre los modos de operar de un joven y un adulto al momento de cometer un robo con violencia, puesto que los patrones en estos actuares suelen repetirse y siempre se busca determinar el tipo de delito efectuado e identificar a los responsables. Sin embargo, con respecto a las consecuencias penales posteriores a una infracción, la ley de Responsabilidad Penal Adolescente establece penas más bajas para los menores. Cristián de Feudis, abogado penalista y director de la Clínica de Justicia Criminal de la Universidad Diego Portales, señala que “existen bandas criminales que reclutan a sus integrantes desde muy jóvenes para aprovecharse de ese estatuto más beneficioso; hacerlos cometer delitos que prescriben mucho antes y tengan penas mucho más bajas que las de cualquier otro miembro mayor”. Frente a la oportunidad de que sean detenidos y posteriormente no sean arrestados, las organizaciones criminales pueden recuperarlos y seguir incentivándolos a formar parte de sus malhechorías.
Según lo expresado en las guías legales de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, las sanciones aplicadas hacia los jóvenes por medio de la ley de Responsabilidad Penal Adolescente, están dirigidas a los ciudadanos que tienen entre 14 y 18 años de edad. Estas contemplan tres vías: privativas de libertad, no privativas de libertad y sanciones accesorias. Aquellas que prohíben la libertad del menor, se cumplen en centros de internación del Servicio Nacional de Menores (SENAME), los cuales pueden ser de carácter cerrado o semicerrado. El primer sistema restringe por completo la libertad del adolescente, mientras que el segundo permite la salida del centro en horarios predeterminados. Asimismo, en ambos regímenes se fomenta la continuidad de estudios, el aprendizaje de oficios, el tratamiento de adicciones y el fortalecimiento de vínculos familiares. Por otra parte, las sanciones no privativas de libertad otorgan una libertad asistida y son aplicables multas, amonestaciones, servicios a la comunidad, entre otras.
Predestinados al infortunio
La distribución desigual de los grupos sociales en las ciudades, conocida también como segregación urbana, manifiesta los problemas de pobreza y exclusión social de la metrópoli. En los barrios más marginales del territorio, se visibilizan comúnmente casos de violencia intrafamiliar, narcotráfico y consumo de drogas, robos agresivos, entre otros. Alejandra Lunecke, socióloga con especialización en estudios de la violencia y la inseguridad urbana, sostiene que “la segregación urbana implica vivir en condiciones de precariedad material, por lo que no cuentan con un acceso a calidad en su espacio”. Debido a la falta de intervenciones significativas por parte del Estado en estas zonas, los riesgos asociados a la vulnerabilidad socio-territorial afectan a los menores en etapas fundamentales de su crecimiento y limitan sus capacidades de desenvolverse de forma sana.
Con el paso del tiempo, los infantes que viven y se desarrollan en entornos desfavorables, buscan formar su propio camino frente a las adversidades que les presenta un espacio que no les permite explotar su etapa más creativa y que los impulsa a adoptar conductas de riesgo diariamente. El poder socioeconómico para acceder a la educación no es igual para todos, lo que genera una brecha significativa entre quienes entran a establecimientos educacionales para dedicar su tiempo a estudiar y así lograr entrar a la educación superior, a diferencia de aquellos que no cuentan con otras alternativas que les permitan apostar a una futura profesión o un desarrollo más íntegro de sus capacidades. Ante esta carencia de oportunidades, con el objetivo de suplir sus necesidades y ganar dinero en poco tiempo, algunos adolescentes deciden, ya sea por cuenta propia o porque se ven influenciados por otros, entrar al mundo del crimen.
Patricio menciona que, a pesar de que los jóvenes puedan verse influenciados a involucrarse en organizaciones criminales, a vistas de la justicia, nunca dejan de ser responsables de su actuar: “Para todos ellos hay una participación de autoría, no importa que ocupen distintos eslabones, mientras tomen parte en la sustracción o en sus actos posteriores, son ejecutores”. Los principios que mueven a los menores a tomar sus propias decisiones pueden diferir mucho en cuanto a lo que es entendido como correcto o de buena costumbre, como resultado de la ausencia de una persona mayor que los guíe y los acompañe en el desarrollo de su criterio. Guillermina Guzmán, especialista en comportamiento humano, con experiencias en centros de SENAME, define este escenario como la “relativización del valor”, la cual, en el ámbito de la crianza: “Se manifiesta como un conjunto de variables que busca definir qué es lo que se va a propiciar como proyecto de vida en el infante, desde su etapa prepuberal en adelante”, afirma la experta.
En noviembre del 2006, con nueve años edad, Cristobal Orlando Cabrera Morales cometió su primer hurto simple, dando inicio a una prematura y extensa carrera delictual. El joven, apodado como “Cisarro” por no saber pronunciar la palabra cigarro, y reconocido por su largo historial de robos violentos, no siempre fue así. A los 14 años fue internado en la Unidad de Psiquiatría del Hospital Luis Calvo Mackenna, en donde, según lo explicado por el especialista a cargo de él, Rodrigo Paz, el tratamiento entregado por la institución permitió que no se involucrase en conflictos con la justicia chilena por 4 años. No obstante, despreocupándose de la integridad del infante, se suspendieron de forma abrupta los procedimientos del establecimiento y, sin ningún tipo de resguardo, lo regresaron a su círculo familiar. Como consecuencia, Cristóbal reincidió y acumuló un total de 18 formalizaciones por delitos violentos antes de cumplir la mayoría de edad. De acuerdo con información entregada por OS-9 de Carabineros, su entorno permanentemente normalizaba el delito desde temprana edad, situación que influyó en su predisposición para delinquir. Actualmente, con veintidós años de edad, tras cometer delitos de robo con violencia e intimidación, cumple una condena de diez años y un día de presidio efectivo.
La oportunidad de emerger
Entre los interminables relacionamientos que experimentan los menores de edad, existen algunos que son más trascendentes que otros, como aquellos que perciben como modelos ejemplares, de respeto o admiración. Pero cuando el entorno no es favorable, se entregan estímulos que no siempre responden a un desenvolvimiento óptimo para el infante. Desde la perspectiva de la criminología, Patricio ratifica que ante la inexistencia o ausencia de sus padres u otros familiares, los niños, niñas y adolescentes (NNA) pueden encontrar una figura de modelaje que no siempre corresponda a los arquetipos correctos y, por ende, sean susceptibles a cometer delitos.
Bajo la mirada de la ciencia, el doctor en Psicología Cognitiva y Neurociencias, Francisco Parada, argumenta que los niños son seres que aprenden a través de lo observado en su zona de desarrollo próximo: “Si se les enseña a los niños que deben robar y violentar, estas serán las formas que replicarán a futuro”, manifiesta el experto en psicología.
Los ambientes perjudiciales para los NNA, que provocan comportamientos delictuales sin la existencia de una protección que les brinde otra mirada y otro camino por el cual valerse por sí mismos, pueden verse potenciados. Guillermina plantea que al no ser presentada otra realidad de comportamiento, lo aprendido no se pone en duda. Del mismo modo, Katia García, trabajadora social y directora del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Alberto Hurtado, quien ha trabajado en la intervención de infantes en situación de vulnerabilidad, afirma que los programas estatales para la protección de la infancia están mal diseñados. “No es suficiente con intentar convencerlos de que dejen de hacerlo -cometer robos- porque está mal. Se les debe proporcionar un motivador para generar ese cambio y el Estado no ofrece nada para poder ejercerlo”, enfatiza Katia.
La falta de acceso a oportunidades laborales y a la movilidad social, tanto para evitar más inicios de carreras delictivas de adolescentes y mejorar la reinserción de quienes infringieron la ley en un pasado, no logran ser suplidas por los centros de SENAME y no son consideradas en la legislación chilena. Cristián argumenta que se ha buscado establecer un proceso penal adecuado para los jóvenes infractores, pero que avanza lentamente: “Del 2003, que se empezó a diferenciar el sistema para los menores en materia legal, recién el año pasado salió la nueva ley de protección de los derechos de NNA, la cual modifica el SENAME y crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia”, concluye el abogado.
